Últimamente en El País se publican a diario noticias sobre el llamado 'caso Gürtel'. Cada día una pequeña noticia, una pieza más del puzle que incrimina más a alguno de los inculpados o a alguien más.
La semana pasada, el PP pasó de la defensa al ataque, exigiendo la investigación de las fuentes de El País. Se ha iniciado así un debate sobre la libertad de prensa, y de información. El País ha reaccionado de forma virulenta, acusando al PP de desencadenar una "caza de brujas", "poner en el punto de mira" a todos los policías que participan en la investigación.
El País el derecho constitucional a publicar estas informaciones, y los periodistas que las redactan tienen el derecho a mantener el secreto sobre sus fuentes; pero la justicia tiene también el derecho y la obligación de perseguir a los informadores, que filtran estas noticias.
El País intenta justificar la publicación de estas informaciones apelando al derecho a informar, pero sin tener en cuenta que, al haber el juez estimado conveniente establecer el secreto de sumario sobre el caso, es porque considera que este es necesario; y, por tanto, El País está perjudicando a la investigación con sus titulares. Ésto es más que evidente, pues en una investigación de este tipo, la destrucción de pruebas (en este caso documentos) depende en gran medida de la presión a la que esten sometidos los imputados, y es evidente, que gracias a El País los imputados no se han sentido seguros en ningún momento.
Pero, más allá, de este hecho, es evidente que en el estado español existe la figura del "secreto de sumario". El País puede no estar de acuerdo con ello, pero, en todo caso, debe respatarlo, como cualquier otra ley del estado.
En El País pueden pretender comparar el "caso Gürtel" con el Watergate, pero la comparación no tiene ni pies ni cabeza; en aquel caso, existía el peligro de que la noticia fuese silenciada, al implicar al presidente de los EEUU; en el "caso Gürtel" no existe ninguna posibilidad de que el caso se archive, especialmente por hallarse en el gobierno el PSOE, principal interesado en que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Así mismo, es del todo inaceptable la demagogia con la que tratan las denuncias del PP. El PP está en su derecho de exigir que se detengan las filtraciones, y de exigir que se encuentre al responsable, y es absolutamente repulsivo como El País se defiende acusando al PP de acusar a todos los policias que participan en la investigación.
Pero cuál es la verdadera motivación de El País? Aumentar la venta de ejemplares parecería la principal razón; pero la forma en que se han ido dosificando los titulares, no se corresponde con el interés del impacto periodístico, sino más bien con el interés político del PSOE de erosionar el PP.
Y lo que es evidente, es que alguien, con acceso a toda la información del caso, esta filtrando dichas informaciones, y esto es del todo punto inadmisible, es un delito perseguido por la ley, y no existe justificación para ello.
El País no puede continuar defendiendo y justificando un delito, como está haciendo; El País, como el resto de los ciudadanos y empresas, debe respetar la ley.
La semana pasada, el PP pasó de la defensa al ataque, exigiendo la investigación de las fuentes de El País. Se ha iniciado así un debate sobre la libertad de prensa, y de información. El País ha reaccionado de forma virulenta, acusando al PP de desencadenar una "caza de brujas", "poner en el punto de mira" a todos los policías que participan en la investigación.
El País el derecho constitucional a publicar estas informaciones, y los periodistas que las redactan tienen el derecho a mantener el secreto sobre sus fuentes; pero la justicia tiene también el derecho y la obligación de perseguir a los informadores, que filtran estas noticias.
El País intenta justificar la publicación de estas informaciones apelando al derecho a informar, pero sin tener en cuenta que, al haber el juez estimado conveniente establecer el secreto de sumario sobre el caso, es porque considera que este es necesario; y, por tanto, El País está perjudicando a la investigación con sus titulares. Ésto es más que evidente, pues en una investigación de este tipo, la destrucción de pruebas (en este caso documentos) depende en gran medida de la presión a la que esten sometidos los imputados, y es evidente, que gracias a El País los imputados no se han sentido seguros en ningún momento.
Pero, más allá, de este hecho, es evidente que en el estado español existe la figura del "secreto de sumario". El País puede no estar de acuerdo con ello, pero, en todo caso, debe respatarlo, como cualquier otra ley del estado.
En El País pueden pretender comparar el "caso Gürtel" con el Watergate, pero la comparación no tiene ni pies ni cabeza; en aquel caso, existía el peligro de que la noticia fuese silenciada, al implicar al presidente de los EEUU; en el "caso Gürtel" no existe ninguna posibilidad de que el caso se archive, especialmente por hallarse en el gobierno el PSOE, principal interesado en que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Así mismo, es del todo inaceptable la demagogia con la que tratan las denuncias del PP. El PP está en su derecho de exigir que se detengan las filtraciones, y de exigir que se encuentre al responsable, y es absolutamente repulsivo como El País se defiende acusando al PP de acusar a todos los policias que participan en la investigación.
Pero cuál es la verdadera motivación de El País? Aumentar la venta de ejemplares parecería la principal razón; pero la forma en que se han ido dosificando los titulares, no se corresponde con el interés del impacto periodístico, sino más bien con el interés político del PSOE de erosionar el PP.
Y lo que es evidente, es que alguien, con acceso a toda la información del caso, esta filtrando dichas informaciones, y esto es del todo punto inadmisible, es un delito perseguido por la ley, y no existe justificación para ello.
El País no puede continuar defendiendo y justificando un delito, como está haciendo; El País, como el resto de los ciudadanos y empresas, debe respetar la ley.
No comments:
Post a Comment