El mayor ataque a la democracia

El caso Wikileaks tiene dos frentes claramente diferenciados que algunos pretenden confundir. Para evitar analizar los documentos publicados por esta web, muchos políticos y analistas se limitan a atacar a su creador, Julian Assange.

Qué muchos desearían ver a Assange muerto es una evidencia innegable, especialmente el gobierno más poderoso e influyente del mundo, pero a la vez uno de los menos escrupulosos con la legalidad internacional. Pero tampoco se puede ignorar que en las presentes circunstancias la muerte de Assange supondría un escandalo de proporciones globales. Por ello, que las acusaciones contra él hayan surgido tras la publicación de los primeros documentos comprometedores provoca bastante escépticismo. [Wikipedia] Evidentemente sólo el juez instructor del caso tiene los detalles.

Pero más allá de los problemas judiciales de Assange, lo que se expone en estos documentos es de una gravedad terrorífica. Se trata, sin duda, de la mayor amenaza contra la democracia desde la muerte de Franco. Sí, mayor que el 23F, pues, aunque en aquella ocasión, lo que aparentemente estaba en juego era la misma democracia, fue más el ruido que la amenaza real; por contra los movimientos de la diplomacia americana, y la colaboración de diversos miembros del gobierno español, así como del fiscal jefe, suponen una violación de los principios más básicos, más inviolables de la democracia, por parte de los que tienen el deber de defenderla, o, como mínimo, de respetarla.

Duran i Lleida ha declarado que se debe "recomponer la situación y hacer el menor caso posible a esas noticias que no están verificadas". A pesar de ser un votante convergente, nunca he sentido especial simpatía por Duran i Lleida. Es un político excesivamente conservador, pero no en el sentido ideológico sinó en el estratégico. Por eso hizo bien Pujol en no designarlo como su sucesor como candidato a la presidencia de la Generalitat. Duran es uno de esos políticos que sacrificarían cualquier cosas y a cualquiera para mantener el status quo, y que sin duda sacrificarían la Libertad (en mayúsculas) por la libertad; sin duda, en los años treinta habría sido de los políticos ingleses que abogaban por pactar con la Alemania nazi para evitar la guerra mundial.

Lo que los papeles de la diplomacia norteamericana han mostrado es una injerencia inaceptable (por una vez estoy de acuerdo con Llamazares) de EEUU en la vida judicial española, la violación del principio de separación entre los tres poderes del Estado; y el desprecio total por parte del Estado español de la defensa de los derechos de sus ciudadanos (lo más vergonzoso que puede hacer un estado).

"While we are careful to show our respect for the tragic death

of Couso and for the independence of the Spanish judicial

system, behind the scenes we have fought tooth and nail to

make the charges disappear". 14/05/2007

"El embajador escribió en un cable dirigido a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, días antes de su visita oficial a Madrid el 1 de junio de 2007 ( telegrama 109781 ) , que "el Gobierno de España" había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara [las decisiones del juez]". Le recomendaba también que, en su reunión con el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, le hiciera notar la "constante preocupación" del Gobierno de EE UU por la causa. Concluía que era importante que hubiera "una continua vigilancia y cooperación por parte del Ejecutivo" hasta que el asunto decayera.

La legación admitía que aunque en público los diplomáticos mostraban "respeto por la independencia del sistema judicial español" y por "la trágica muerte" de Couso, "entre bastidores", luchaban "con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos" contra los tres militares implicados. Son las palabras textuales de un telegrama confidencial enviado al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007 (informe 108143) .

(...) Manzanares expresó su inquietud por el proceso, dijo que querían evitar cualquier acusación sobre sus soldados y pidió que, si el juez acusaba formalmente, EE UU esperaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores expresara claramente a la Audiencia Nacional su oposición (telegrama confidencial 19029) .

Tras la resolución judicial, dos ministros se pusieron en contacto con el embajador para tranquilizarlo. Lo hicieron ese mismo día. El primero en llamar fue el entonces titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que aseguró a Aguirre que "el Ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos", según el relato de un cable confidencial de fecha 21 de octubre de 2005 (43323) . La siguiente llamada la hizo el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para decir que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega estaba "implicada en el tema" y que, "si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución". El telegrama subraya que "en público, ambos ministros mostraron respeto por la decisión del juez".

"Ministros trabajan para resolver la situación"

Las conversaciones telefónicas tranquilizaron al embajador, que a su vez tranquilizó a su Gobierno con este análisis: "Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente. Para no agravar la situación, los líderes gubernamentales españoles deben mostrar en público su respeto por el trabajo independiente de los tribunales. (...) Nosotros seguimos reiterando que este tema ha sido investigado completamente, que el Gobierno español ha sido informado y que las acciones de los soldados estaban justificadas". El título del telegrama, clasificado como confidencial, es el siguiente: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".

La fiscalía recurrió de inmediato la resolución de Pedraz. (...)

La Embajada de EE UU intensificó a partir de ese momento sus contactos con políticos y fiscales para desactivar el proceso (informe sin clasificar número 92692) . Diplomáticos de la sección política, legal y consular se reunieron el 18 de enero de 2007 con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para "sensibilizarlo sobre la preocupación de EE UU por este proceso". Zaragoza les explicó que no conocía con la suficiente profundidad el expediente, pero que lo estudiaría. Añadió que era consciente del "interés y compromiso" de Cándido Conde-Pumpido en el asunto. En el telegrama emitido por la embajada ese mismo día (número 93036) se dice que Zaragoza "entiende claramente las implicaciones políticas del caso" y que "anticipan" que "procederá con el cuidado que ha dicho que tendría".

Cada movimiento de Pedraz acrecentaba la inquietud de la embajada. El 22 de enero envió un fax a legación pidiendo los datos completos de los militares imputados. Tres días más tarde el fiscal general del Estado mantuvo una "reunión informal" con el embajador Aguirre. En un telegrama confidencial de fecha 26 de enero (94177) , en el que se califican las revelaciones de Conde-Pumpido como de "estrictamente protegidas" se relata que el fiscal aseguró a Aguirre que, "aunque no hay nada que el Gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los tres militares así como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso". (...)

"Como en anteriores comunicaciones con autoridades españolas sobre este tema, nos comprometeríamos de manera informal con ellos a evitar cualquier percepción pública de que estamos ejerciendo presión sobre el Gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial" , señala un telegrama confidencial del 8 de febrero de 2007 (95857) .

(...) La embajada, en ese momento, empezó a hablar ya directamente de presionar al Ejecutivo. Esta es la reflexión del embajador que aparece en el cable de ese día (106159) : "Claramente el juez Pedraz tiene la intención de seguir este caso de forma agresiva. Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de EE UU". Aguirre firma que respetadas figuras en los ministerios de Justicia e Interior y en La Moncloa habían asegurado a la embajada que estaban de acuerdo con el punto de vista de EE UU sobre el caso, y que este era tan débil que se desmoronaría.

(...) El siguiente movimiento fue una reunión del segundo de la embajada, Hugo Llorens, con Julio Pérez Hernández el día 10 de mayo para abordar directamente el caso. Este, después de decir que el Ejecutivo no controlaba a los jueces y que "podría ser contraproducente que iniciara un acercamiento formal", añadió que el Gobierno de España "trabajaría con el de EE UU para asistirlo en el proceso", según el despacho confidencial del embajador, fechado el día siguiente (107903) . Dijo que el Ejecutivo "compartía la preocupación del norteamericano, que él seguiría cada paso que se diera en el procedimiento y que estaría en contacto con la embajada".

Como había sucedido con las resoluciones anteriores de Pedraz, el procesamiento de los tres militares por parte del juez fue recurrido por la fiscalía el 11 de mayo. El propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, llamó a la embajada tres días después para informar de ello (según un cable del 14 de mayo de 2007, número 108128). Dijo que aunque compadecía a la familia Couso por la tragedia, su trabajo era hacer una evaluación técnico legal y que después de revisar los hechos había concluido que la muerte de José Couso no fue intencional. La noticia del recurso no apareció publicada hasta el 19 de mayo.

Mientras se resolvía la cuestión, las gestiones diplomáticas continuaron. Cándido Conde-Pumpido tuvo un almuerzo con el embajador Aguirre el 18 de julio de 2007 y este aseguró al día siguiente, en un cable confidencial (115995) , que el fiscal general del Estado le había dicho que "continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado, a pesar de la presión de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa".

El 13 de mayo de 2008 la Audiencia Nacional revocó el procesamiento de los militares norteamericanos. Los magistrados consideraron posible la hipótesis de que los soldados creyeran que había un francotirador en la terraza a la que dispararon. La resolución, que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa tuvo un voto particular discrepante, del magistrado José Ricardo de Prada, en el que hablaba de "suficientes indicios de criminalidad para procesar a los tres militares" y calificaba los razonamientos y criterios de sus compañeros de "insólitos".

La embajada recibió la noticia con gran alivio. Fueron informados ese mismo día por Javier Zaragoza y por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. En un telegrama emitido el día siguiente (153919) se indicaba que, con suerte, la última resolución era uno de los pasos finales que pondrían fin a esta "larga saga". Pero se equivocaron." [El País]