El secuestro del Alakrana está provocando encendidos debates sobre qué hacer para ponerle fin. Hay argumentos para todos los gustos e incluso quienes se preguntan (con mucha razón), ¿porqué debemos hacer nada? Y es que nos encontramos ante un caso de gran complejidad.
Lo cierto es que el Gobierno de España y otros gobiernos europeos, realizan un gran esfuerzo para habilitar una área segura donde faenar. Por diversas razones, algunos pesqueros deciden faenar fuera de esta zona y este es el caso del Alakrana.
El Gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que este a su alcance para liberar a cualquier ciudadano español que se halle prisionero o privado de libertad en cualquier lugar del mundo. Pero, ¿existe un límite para conseguir ese objetivo? Es decir, ¿puede o debe el Gobierno pagar un rescate?
Mi respuesta es no. El Gobierno no puede ceder al chantage, y las razones son varias. Primero y el más evidente, porque al pagar un secuestro se promueve y se justifica la piratería. En segundo lugar porque se genera un agravio comparativo; ¿cuándo debe el Gobierno pagar un rescate? ¿Sólo cuando sea víctima de la piratería? ¿Siempre que se trate de ciudadanos españoles en el estranjero? ¿Porqué no los ciudadanos españoles en suelo español? ¿Sólo cuando se trate de piratería o también cualquier tipo de secuestro? ¿Y si el secuestro tiene fines políticos?
Pero lo que aún es mucho más grave, es la situación de los dos piratas capturados en tierras somalies. Detenidos en España, todo parece indicar que serán liberados y devueltos a su país, lo cual le otorga al caso una gravedad inusitada. El sistema judicial español se prostituye para pagar este precio extra de la liberación del Alakrana. Y si en el caso del dinero, las dudas que surgen ya son graves, en el caso de la liberación de los piratas, da escalofríos pensar las implicaciones legales y morales que tiene esta maniobra.
Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Algún pseudo-analista político (Alejo Vidal-Quadras) ha propuesto bombardear Somalia como en su momento se hizo con Libia); nada más estúpido, pues Somalia, a diferencia de Libia que era una dictadura encabazada por Gadaffi, actualmente carece de Estado, de Gobierno; y por tanto no existe nadie que pueda ejercer un control de la piratería. Se pueden bombardear las bases de piratas (aunque sería necesario el consentimiento de las Naciones Unidas) pero esto sólo haría que los piratas actuales fuesen sustituidos por otros (otra cosa sería una acción continuada en el tiempo de control).
Mi opinión es que la mejor opción, de hecho la única, es una operación de rescate llevada a cabo por operaciones especiales. Es una opción arriesgada, pero la única justificable. La única que no promoverá la piratería, la única que no supone romper el Estado de derecho español.
El Gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que este a su alcance para liberar a cualquier ciudadano español que se halle prisionero o privado de libertad en cualquier lugar del mundo. Pero, ¿existe un límite para conseguir ese objetivo? Es decir, ¿puede o debe el Gobierno pagar un rescate?
Mi respuesta es no. El Gobierno no puede ceder al chantage, y las razones son varias. Primero y el más evidente, porque al pagar un secuestro se promueve y se justifica la piratería. En segundo lugar porque se genera un agravio comparativo; ¿cuándo debe el Gobierno pagar un rescate? ¿Sólo cuando sea víctima de la piratería? ¿Siempre que se trate de ciudadanos españoles en el estranjero? ¿Porqué no los ciudadanos españoles en suelo español? ¿Sólo cuando se trate de piratería o también cualquier tipo de secuestro? ¿Y si el secuestro tiene fines políticos?
Pero lo que aún es mucho más grave, es la situación de los dos piratas capturados en tierras somalies. Detenidos en España, todo parece indicar que serán liberados y devueltos a su país, lo cual le otorga al caso una gravedad inusitada. El sistema judicial español se prostituye para pagar este precio extra de la liberación del Alakrana. Y si en el caso del dinero, las dudas que surgen ya son graves, en el caso de la liberación de los piratas, da escalofríos pensar las implicaciones legales y morales que tiene esta maniobra.
Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Algún pseudo-analista político (Alejo Vidal-Quadras) ha propuesto bombardear Somalia como en su momento se hizo con Libia); nada más estúpido, pues Somalia, a diferencia de Libia que era una dictadura encabazada por Gadaffi, actualmente carece de Estado, de Gobierno; y por tanto no existe nadie que pueda ejercer un control de la piratería. Se pueden bombardear las bases de piratas (aunque sería necesario el consentimiento de las Naciones Unidas) pero esto sólo haría que los piratas actuales fuesen sustituidos por otros (otra cosa sería una acción continuada en el tiempo de control).
Mi opinión es que la mejor opción, de hecho la única, es una operación de rescate llevada a cabo por operaciones especiales. Es una opción arriesgada, pero la única justificable. La única que no promoverá la piratería, la única que no supone romper el Estado de derecho español.
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