¿Ciberrevolución o no?

"Las masivas protestas que derrocaron al dictador tunecino Ben Ali muestran nuevamente el poder de los movimientos sociales espontáneos en un entorno de comunicación digital. El proceso, que en menos de un mes hundió un régimen sólidamente asentado desde 1987, ha seguido una pauta familiar: un hecho dramático desborda la indignación contenida por el temor, suscita manifestaciones que reprime la policía y de inmediato las imágenes de represión y los mensajes de protesta se difunden en las redes sociales de internet, amplificando el movimiento hasta que los medios de comunicación no controlados por el Gobierno –en este caso Al Yazira– informany retransmiten las imágenes ymensajes que cuelgan los manifestantes en YouTube y otras webs. Conforme se difunde la protesta, se activan las redes móviles, los SMS, los twitts y las páginas en Facebook y otras redes, hasta construir un sistema de comunicación y organización sin centro y sin líderes, que funciona con suma eficacia, desbordando censura y represión.

(...)

Obviamente, no es la comunicación la que origina la revuelta. Esta tiene causas profundas en la miseria y la exclusión social de buena parte de la población, en la pantomima de democracia, en el oscurantismo informativo, en el encarcelamiento y tortura de miles de personas, en la transformación de todo un país en la finca de las familias Ben Ali y Trabelsi con el beneplácito de EE.UU., los países europeos y las dictaduras árabes. Pero sin esa nueva forma de comunicación la revolución tunecina no hubiera tenido las mismas características: su espontaneidad, la ausencia de líderes, el protagonismo de estudiantes y profesionales, junto con los políticos de la oposición y los sindicatos jugando un papel de apoyo cuando estaba el proceso en marcha."

Manuel Castells, en La Vanguaria.

En defensa de los derechos fundamentales en internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.