¿Libres e iguales?

"La Abogacía del Estado ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional en el que demuestra con documentación oficial como el PP ha recurrido 30 artículos del Estatuto de Cataluña que están calcados en el Estatuto de Andalucía. Sin embargo, los populares aprobaron el Estatuto andaluz en el Congreso y no recurrieron ninguno de sus artículos. " Quien defiende una determinada postura ante un Tribunal debe ser coherente con la misma, como nos recuerda la máxima jurídica 'nadie puede ir contra sus propios actos", señala el abogado del Estado.
(...)
"Hay más de 40 artículos del Estatuto de Cataluña, de los que 30 han sido expresamente recurridos, que son idénticos a otros tantos artículos del Estatuto de Andalucía, y son abundantes las semejanzas de contenido entre aquel Estatuto impugnado y el de las Islas Baleares", señala la Abogacía del Estado. "Todos estos estatutos reconocen derechos, establecen un sistema similar de definición de competencias, disponen de Consejos de Justicia Autonómicos, contemplan un sistema común de financiación y prevén un sistema bilateral de relaciones entre el Estado y la respectiva comunidad autónoma. Pero lo que es más significativo, hay muchos artículos que dicen literalmente lo mismo"." [El País]


"Ahora bien, lo que en ningún caso debiera ser admisible es que lo que para unos se entiende que es válido, perfectamente posible y constitucional, para otros suponga un límite que no se puede traspasar, so pena de incoar el proceso de ruptura de España. Sin embargo, como desde hace meses tenemos ocasión de ver, esta surrealista situación (inaceptable en el seno de una discusión racional) se ha convertido en algo común en España. Así, una de las más esquizofrénicas situaciones a las que como docente me he enfrentado recientemente ha sido tratar de explicar los motivos por los que ciertos contenidos del Estatut de Catalunya de 2006 causaban tanto revuelo y provocaban los crujidos constitucionales que provocaban, mientras que sus equivalentes (y en el fondo, muy parecidos cuando no idénticos) preceptos valencianos pasaban con más pena que gloria por el Congreso de los Diputados (sobre las diferencias en la forma, en la literalidad, pero las similitudes de fondo, véase el primer comentario a esta entrada)." [La Página Definitiva]

Las perlas del debate. Algunas aclaraciones sobre el debate de "La Noria"

Finques Nebot. El tema preferido de la ultra-demagogía anti catalana; lástima que el mismísimo dueño de Finques Nebot dijese que el castellano no está perseguido en Catalunya...

"Hace 10 años que vivo en Cataluña y me parece increible que la mayoría de la gente de mi edad 35 no sepas español". por qué la gente se inventa estas tonterías? En Barcelona mucho más de la mitad de la población son hijos de inmigrantes de otras regiones de España que llegaron a Cataluña a mediados del siglo pasado; de los cuales muchos de ellos no han hablado jamás en catalán. Decir que en Barcelona hay alguien que no habla castellano es una mentira casi segura; decir que la mayoría no lo hablan es producto de la paranoia o la desfachatez.

"Soy funcionaria y no puedo trabajar en Cataluña. Alguien puede explicarmelo". Pues la razón es bien sencilla, porque es usted incapaz de aprender un idioma nuevo, a pesar de lo parecido que es con el español.

Respecto a los incidentes durante y después de las manifestaciones y celebraciones, como muy bien ha dicho la señora Rahola, unos pocos radicales no son reprentativos. Pero ni lo son los dos individuos que presuntamente intentaron agredir a José Montilla, ni los seis que quemaron una bandera española; ni tampoco los más de veinte detenidos por las celebraciones, ni los más de cien heridos. Lo que no se puede hacer es convertir el lanzamiento de unas botellas en un drama de ordén público, e ignorar un incendio provocado a lado de la Feria de Barcelona, insinuando que la policía fue permisiva con unos y extremadamente dura con otros; es de una miserabilidad concebible sólo en alguien que trabaja en Intereconomía (o esRadio).

10J Primeres mostres de la repercusió internacional

Fox News:

BBC News:

Associated Press:

La Guardia Urbana xifra en 1.100.000 els participants a la manifestació en defensa de l'Estatut

La Vanguardia: "Una marea humana expresa su rechazo a la sentencia contra el Estatut en Barcelona".

Vilaweb: "Un milió i mig de ciutadans omplen Barcelona per la independència".

El País: "La marcha por el Estatuto colapsa el centro de Barcelona".

El Mundo: "Más de un millón de personas secundan la marcha a favor del Estatut en Barcelona".

ABC: "Más de un millón de personas defienden en la calle el Estatut".

¿Es Montilla un fascista?

En declaraciones a Onda Cero, Cospedal ha dicho, en referencia a Montilla "Creo que los comportamientos antidemocráticos y en los que se excluyan a determinados partidos políticos porque no piensan igual son comportamientos muy antidemocráticos y muy fascistas", [La Vanguardia]

"el tribunal tan solo ha encontrado 14 artículos que chocan con la Carta Magna hasta declararlos, en parte o en su totalidad, inconstitucionales. En otros 23 artículos y 4 disposiciones, el tribunal considera que el texto del Estatuto catalán se adecua a la Constitución, siempre y cuando se interpreten como fijan los magistrados en distintos fundamentos jurídicos. En 74 de los 114 artículos recurridos, no hubo ni retoques ni interpretación alguna" [El País]

Es decir, el Tribunal Constitucional sólo ha aceptado el recurso del PP en 14 de 114 artículos recurridos, es decir sólo el 12,28%. Sobre el 21% no acepta el recurso y sólo establece la correcta interpretación. Y sobre el 66,66% restante no dice absolutamente nada. Esta sentencia deja en muy mal lugar al PP, cuya interpretación de la Constitución parece estar en las antípodas de la del Tribunal Constitucional. Parece pues, poco apropiado que el PP pretenda ahora calificar de "fascista" al presidente de una comunidad que, a pesar de mi profundo desacuerdo política, salió de unas elecciones democráticas, lo que no puede decirse de los líderes del PP.

PS: Cospedal también declaró que alguien que está "en caída libre en términos de perspectivas electorales" debería tener en cuenta que "no vale todo", "ni valen rebeldías, ni rebeliones institucionales, ni reediciones del Pacto del Tinell", "; ¿rebeliones institucionales no es lo que promovía Esperanza Aguirre?

Los otros "estatuts"

En este blog solemos ser bastante críticos con el diario El País (y merecidamente, creo). Pero también es cierto que en algunos temas, este diario es el que presenta un tratamiento menos radical. Uno de estos temas es, por supuesto, el Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Hace unos días comentabamos el hecho de que algunos de los artículos impugnados por el PP estaban contenidos literamente o muy parecidos en otros estatutos e, inluso, en algunos estatutos aprobados en comunidades gobernadas por el PP [Sentencia del Estatut].

Hoy El País publica algunas de estas similitudes, que se refieren sólo a los artículos rechazados por el Tribunal Constitucional; hay que tener en cuenta pues, que muchos de los que el Tribunal Constitucional ha aprobado que fueron recurridos por el PP también aparecerían idénticos o muy similares en otros estatutos:

"- Financiación. El Estatuto catalán condiciona su aportación a las comunidades más pobres a que estas realicen "un esfuerzo fiscal similar". El tribunal tumba esa frase, casi idéntica en la ley balear (art. 123.2), la aragonesa (107.2) y la andaluza (175.2.c).

- Lengua y cajas. La ley valenciana incluye un artículo similar (6.2) en cuanto al derecho a la educación en castellano y catalán, aunque no obliga a "utilizar normalmente" esta última como "lengua vehicular". Según el Gobierno catalán, también hay similitudes evidentes en las competencias exclusivas que se reservan sobre cajas de ahorros (art. 49.1.34a), que se extienden al andaluz (art. 75) y fueron tumbadas por el tribunal (art. 120.2 y 126.2 del catalán).

- Justicia. El Constitucional anula el artículo 97 de la ley catalana, que define el Consejo de Justicia de Cataluña como órgano de gobierno del poder judicial en esa comunidad. Es casi idéntico al 144 del andaluz, y tiene similitudes con el 64.2 del aragonés. Esta última norma guarda muchas otras semejanzas, pero lo más relevante es la que se refiere a la participación en las decisiones estatales que afecten a sus competencias (el Constitucional obliga a reinterpretar el art. 174.3 del catalán, casi idéntico al 89.1 del aragonés), y a la convocatoria de un referéndum para sancionar cambios estatutarios (art. 223.1.i del catalán y 115.7 del aragonés).

- Consultas. La ley andaluza es casi idéntica a la catalana en cuanto a consultas populares (art. 78), que el tribunal ha reinterpretado (art. 122 del catalán). El PP votó a favor de la norma andaluza en el Congreso de los Diputados." [El País]

Constitucionalistas afascistados

Respecto a la editorial conjunta de doce periodicos catalanes en defensa del Estatut, caben dos reflexiones. La primera es la felicitación para estos rotativos que supieron ver más allá de sus intereses particulares, y unirse para expresar el sentir mayoritario de la sociedad catalana.

En el otro extremo tenemos la reacción de diversos medios de la capital (La Razón, El Mundo, ABC...), con unas críticas y ataques que iban más en contra de la existencia del editorial en sí, que del contenido del mismo.

Pero estos ataques han puesto de manifiesto, o mejor dicho, han expuesto, una curiosa tendencia que se ha ido materializando en los últimos años; la defensa de la Constitución por algunos medios con la misma intransigencia con la que antes defendían al antiguo regimén o a Carrillo y la Pasionaria.

Han convertido la Constitución en un dogma de fe, inamovible, incuestionable; y lo que es peor, no la Constitución en sí, sino la interpretación que ELLOS hacen de esta. Y ahí está el problema, que, desde está posición auto-otorgada de guardianes de la fe constitucional se permiten decidir qué es y que no és constitucional y/o democrático. Precisamente, no existe nada más antidemocrático que intentar imponer el punto de vista propio a otros.

La dignidad de Catalunya

"La dignidad de Catalunya.

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.

La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable."

La Vanguardia

La dignitat de Catalunya

"La dignitat de Catalunya.

'Després de gairebé tres anys de lenta deliberació i de contínues maniobres tàctiques que han malmès la seva cohesió i han erosionat el seu prestigi, el Tribunal Constitucional pot estar a punt d'emetre sentència sobre l'Estatut de Catalunya, promulgat el 20 de juliol del 2006 pel Cap de l'Estat, el rei Joan Carles, amb el següent encapçalament: «Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat, els ciutadans de Catalunya han ratificat en referèndum i Jo vinc a sancionar la llei orgànica següent». Serà la primera vegada des de la restauració democràtica de 1977 que l'Alt Tribunal es pronuncia sobre una llei fonamental ratificada pels electors. L'expectació és alta.

L'expectació és alta i la inquietud no és escassa davant l'evidència que el Tribunal Constitucional ha estat empès pels esdeveniments a actuar com una quarta cambra, confrontada amb el Parlament de Catalunya, les Corts Generals i la voluntat ciutadana lliurement expressada a les urnes. Repetim, es tracta d'una situació inèdita en democràcia. Hi ha, no obstant, més motius de preocupació. Dels dotze magistrats que componen el tribunal, només deu podran emetre sentència, ja que un (Pablo Pérez Tremps) està recusat després d'una espessa maniobra clarament orientada a modificar els equilibris del debat, i un altre (Roberto García-Calvo) ha mort. Dels deu jutges amb dret a vot, quatre continuen en el càrrec després del venciment del seu mandat, com a conseqüència del sòrdid desacord entre el Govern i l'oposició sobre la renovació d'un organisme definit recentment per José Luis Rodríguez Zapatero com el «cor de la democràcia». Un cor amb les vàlvules obturades, ja que només la meitat dels seus integrants estan avui lliures de soscaire o de pròrroga. Aquesta és la cort de cassació que està a punt de decidir sobre l'Estatut de Catalunya. Per respecte al tribunal –un respecte sens dubte superior al que en diverses ocasions aquest s'ha mostrat a si mateix– no farem més al·lusió a les causes del retard en la sentència.

La definició de Catalunya com a nació al preàmbul de l'Estatut, amb la consegüent emanació de «símbols nacionals» (¿que potser no reconeix la Constitució, al seu article 2, una Espanya integrada per regions i nacionalitats?); el dret i el deure de conèixer la llengua catalana; l'articulació del Poder Judicial a Catalunya, i les relacions entre l'Estat i la Generalitat són, entre altres, els punts de fricció més evidents del debat, d'acord amb les seves versions, ja que una part significativa del tribunal sembla que està optant per posicions irreductibles. Hi ha qui torna a somiar amb cirurgies de ferro que tallin de soca-rel la complexitat espanyola. Aquesta podria ser, lamentablement, la pedra de toc de la sentència.

No ens confonguem, el dilema real és avanç o retrocés; acceptació de la maduresa democràtica d'una Espanya plural, o el seu bloqueig. No només estan en joc aquest o aquell article, està en joc la mateixa dinàmica constitucional: l'esperit de 1977, que va fer possible la pacífica Transició. Hi ha motius seriosos per a la preocupació, ja que podria estar madurant una maniobra per transformar la sentència sobre l'Estatut en un verdader tancament amb forrellat institucional. Un enroc contrari a la virtut màxima de la Constitució, que no és sinó el seu caràcter obert i integrador. El Tribunal Constitucional, per tant, no decidirà únicament sobre el plet interposat pel Partit Popular contra una llei orgànica de l'Estat (un PP que ara es reaproxima a la societat catalana amb discursos constructius i actituds afalagadores). L'Alt Tribunal decidirà sobre la dimensió real del marc de convivència espanyol, és a dir, sobre el més important llegat que els ciutadans que van viure i van protagonitzar el canvi de règim a finals dels anys setanta transmetran a les joves generacions, educades en llibertat, plenament inserides en la complexa supranacionalitat europea i confrontades als reptes d'una globalització que relativitza les costures més rígides del vell Estat nació. Estan en joc els pactes profunds que han fet possible els trenta anys més virtuosos de la història d'Espanya. I arribats a aquest punt és imprescindible recordar un dels principis vertebradors del nostre sistema jurídic, d'arrel romana: Pacta sunt servanda. Allò pactat obliga.

Hi ha preocupació a Catalunya i cal que tot Espanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa més que preocupació. Hi ha un creixent atipament per haver de suportar la mirada irada dels que continuen percebent la identitat catalana (institucions, estructura econòmica, idioma i tradició cultural) com el defecte de fabricació que impedeix a Espanya assolir una somiada i impossible uniformitat. Els catalans paguen els seus impostos (sense privilegi foral); contribueixen amb el seu esforç a la transferència de rendes a l'Espanya més pobra; afronten la internacionalització econòmica sense els abundants beneficis de la capitalitat de l'Estat; parlen una llengua amb més marge demogràfic que el de diversos idiomes oficials a la Unió Europea, una llengua que en lloc de ser estimada, resulta sotmesa tantes vegades a un obsessiu escrutini per part de l'espanyolisme oficial, i acaten les lleis, per descomptat, sense renunciar a la seva pacífica i provada capacitat d'aguant cívic. Aquests dies, els catalans pensen, sobretot, en la seva dignitat; convé que se sàpiga.

Som en vigílies d'una resolució molt important. Esperem que el Constitucional decideixi atenent a les circumstàncies específiques de l'assumpte que té entre mans –que no és sinó la demanda de millora de l'autogovern d'un vell poble europeu–, recordant que no existeix la justícia absoluta, sinó només la justícia del cas concret, raó per la qual la virtut jurídica per excel·lència és la prudència. Tornem a recordar-ho: l'Estatut és fruit d'un doble pacte polític sotmès a referèndum. Que ningú es confongui, ni malinterpreti les inevitables contradiccions de la Catalunya actual. Que ningú erri el diagnòstic, per molts que siguin els problemes, les desafeccions i les contrarietats. No som davant d'una societat feble, prostrada i disposada a assistir impassible al menyscapte de la seva dignitat. No desitgem pressuposar un desenllaç negatiu i confiem en la probitat dels jutges, però ningú que conegui Catalunya posarà en dubte que el reconeixement de la identitat, la millora de l'autogovern, l'obtenció d'un finançament just i un salt qualitatiu en la gestió de les infraestructures són i continuaran sent reclamacions tenaçment plantejades amb un amplíssim suport polític i social. Si és necessari, la solidaritat catalana tornarà a articular la legítima resposta d'una societat responsable.'"

La Vanguardia